26 de Noviembre de 2009
Por Marta Maurás* (Source; El Mostrador)
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -cuyo XX aniversario celebramos este mes de noviembre de 2009- es el primer tratado de derechos humanos que hace referencia explícita a la niñez indígena reconociendo que “esos niños necesitan medidas especiales para el pleno disfrute de sus derechos”. El artículo 30 de la CDN dispone que “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará al niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”. Además, el artículo 29 de la Convención establece que “la educación del niño deberá estar encaminada a […] preparar al niño para asumir una vida responsable (como parte) en una sociedad libre…”.
Los indicadores sociales muestran una clara desventaja para los niños, niñas y adolescentes indígenas en el mundo entero. En Chile, según la CASEN 2006, la pobreza e indigencia es mayor en la población indígena (19%) que en la población no indígena (13.3%) aunque la brecha entre ambos se ha reducido considerablemente debido principalmente a los programas de salud y protección social para los más vulnerables. En cuanto a la educación, sólo el 26% de la población indígena, contra un 30% de la población no indígena, alcanza la educación secundaria, y un 11.3% accede a la universitaria lo que representa la mitad de lo que logra la población no indígena.
Debemos sin duda destacar la prioridad conferida por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet al programa Chile Crece Contigo -hoy convertido en ley- para asegurar un buen punto de partida a los niños y niñas más pobres y la red de protección social extendida para todas las personas desde su nacimiento hasta su vejez. Ésta debe poner especial énfasis en la infancia indígena.
La Convención sobre los Derechos del Niño nos plantea la necesidad de valorar y convivir en interrelación entre culturas diversas como la que representan los más de 90 mil niños y niñas mapuche de la Región de la Araucanía y que equivalen a un tercio de todos los menores de 18 años de edad de este territorio. Avanzar hacia mejores perspectivas de convivencia en la diversidad, de encuentro y diálogo intercultural y superación de las divisiones traumáticas entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas puede ser un resultado que se construya entre los propios niños y niñas, facilitando interrelaciones positivas en contextos interculturales, valorizando la historia, la cultura y la riqueza de la diversidad desde la infancia.
La agenda de conversaciones actualmente en curso para avanzar en las reivindicaciones y reparaciones de manera mutuamente satisfactoria no puede prescindir de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas como un eje central y prioritario, puesto que el Gobierno de la Presidenta Bachelet se ha caracterizado por la protección de la infancia y las comunidades mapuche declaran que su lucha es por el bienestar de las futuras generaciones.
Propuse en septiembre pasado y lo hago público hoy como un desafío a los candidatos presidenciales que se establezca una mesa de trabajo Gobierno – Pueblo Mapuche para acordar un Pacto por la Infancia, en el que se comprometan las partes a acciones concretas, como:
* Entregar por parte del Estado las mejores condiciones de salud física y mental para los niños y niñas que han estado expuestos al conflicto.
* Comprometer la asistencia a los jardines infantiles, escuelas y liceos de todos los niños, niñas y adolescentes: los padres se comprometen a enviarlos y las autoridades a ofrecer protección, alimentación, y clases regulares a todos los asistentes.
* Los sectores más radicales y la policía y Carabineros deben establecer las escuelas y los hogares con niños como “zonas fuera del conflicto”.
Lo anterior debe incluir un nuevo impulso a la ejecución del Programa Presidencial RE-CONOCER que debiera tener en cuenta muy centralmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio No. 169 de la OIT que entró en vigencia en Chile el 15 de septiembre, visibilizando taxativamente las acciones legales, políticas y administrativas para cumplir con los derechos de mujeres, niños y niñas indígenas.
Esta propuesta no es costosa para el Estado ni para el pueblo mapuche. Al contrario, podría unirnos en una relación intercultural en que el desarrollo de la infancia sea un objetivo común.
*Marta Maurás es miembro del Comité de Naciones Unidas Sobre Derechos del Niño.